Cuando hablamos de turismo inclusivo y accesible, surge una pregunta. Más allá de la sensibilidad que despierta la instalación del tema en las agendas públicas ¿Cómo medir la voluntad política del Estado cuando hablamos de generar condiciones de accesibilidad en turismo para personas con discapacidad?
Definir esta voluntad requiere del análisis de tres componentes que atraviesan los dilemas de un “turismo para todos”, definibles por la efectividad con la que se logre equidad e igualdad de oportunidades para todo visitante y/o habitante con diversidad anatómica o funcional.
De esta tríada, el componente jurídico-político normativiza los derechos de las personas con discapacidad, a través de las Constituciones Nacionales, los Tratados Internacionales y las legislaciones vigentes.
Así las más altas valoraciones son para aquellos países que instalan las condiciones del turismo, la discapacidad y/o el turismo accesible en sus constituciones o leyes nacionales, planifican los organismos nacionales relacionados a las políticas de turismo y discapacidad con dependencia jerárquica directa de la Presidencia y proponen que la accesibilidad turística cuente con espacios institucionales formalizados y Programas específicos.
En Argentina, por ejemplo, existe una Ley Nacional de Turismo Accesible Nº 25.643 sancionada en el año 2002, donde se define al turismo accesible, mencionando que “las prestaciones de servicios turísticos deberán adecuarse de conformidad con los criterios del diseño universal”, detallados en la Ley 24.314 y decreto reglamentario 914/97, mientras que en Chile se define a través de la Ley de Turismo N° 20.423 (2010) bajo el concepto de turismo social como aquella «modalidad que comprende todos los instrumentos y medios a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas, preferentemente de recursos limitados, desarrollen actividades turísticas en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad.»
Remarquemos que en Argentina, desde el año 2016 funciona además la Red de Turismo Accesible que concientiza, capacita y acompaña el desarrollo de los destinos con oferta de turismo accesible para todos, promocionándolos en las Ferias Nacionales, congresos y otros encuentros.
En Argentina, el Ministerio de Turismo y Deportes, depende de Presidencia de la Nación, y su propósito es promover las condiciones de competitividad que conduzcan al desarrollo equilibrado y sustentable del sector turístico y a la mejora en la calidad de vida de residentes y visitantes. En Chile, en cambio, sostiene un rango de Subsecretaría de Turismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuyo propósito es velar por la coordinación en materia turística entre los ministerios, organismos y servicios.
A nivel de los organismos de tratamiento de la discapacidad también existen diferencias. Argentina cuenta con una Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, cuyo propósito es formular políticas sobre discapacidad en consenso con los organismos nacionales y provinciales pertinentes, con la participación de las organizaciones privadas de y para personas con discapacidad, mientras que Chile, trabaja a través del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) (ex FONADIS), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuyo propósito es promover la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
Sin embargo, el desarrollo de un turismo accesible y universal se ha vuelto para la región norpatagónica, parte del sueño de potenciar a sus localidades, incrementando su visibilidad y articulando una oferta competitiva en el mundo.
Por lo tanto, es vital poner en equilibrio de un lado y otro de la cordillera, estos tres componentes directrices de una temática que despierta expectativa de viaje en un 15% de la población mundial; esa minoría de 1000 millones de personas discapacitadas que se ve sobrepasada en las cifras si se tiene en cuenta a quienes enfrentan algún tipo de limitación por edad, embarazo, tipo de alimentación, enfermedad, conformación familiar, etc.
Según los expertos internacionales Neumann y Reuber, la accesibilidad a los servicios es imprescindible para el 10% de la población, necesaria para el 40 % y cómoda para el 100%, ya que de las políticas que se generen en favor de una ciudad amigable, no sólo se beneficia el turista sino también el ciudadano, por lo tanto la adaptación de los Estados hacia un turismo más accesible no sólo sumará a la perspectiva del derecho y la inclusión social y laboral, sino también al bienestar y al negocio como una nueva oportunidad para gobiernos y privados. Lo demás es promoción y concientización.
